Hoy se cumple el plazo de inscripciones del veloz llamado para contratación de personal de Itaipú y a medida que se cierran los tiempos, el pro­ceso genera más sospechas sobre los filtros establecidos y en redes sociales hay varios cuestionamientos sobre los requisitos.

Tras la revelación de nuestro medio sobre la real intención de rifar cargos con la apu­rada incorporación de perso­nal que, a meses del cambio de administración, se prevé con­tratar el 40 % de la cantidad de funcionarios que ingresó a la binacional en los últi­mos 7 años a través del Pro­ceso Selectivo Externo (PSE), muchos aspirantes e intere­sados cuestionaron las refe­rencias absurdas que sugieren requisitos a la medida.

Entre el 2014 y el 2017, la Itaipú incorporó 590 emplea­dos por vía PSE, ahora, de una quieren meter 220 para ubi­carlos en seis direcciones. Un festín de cargos aparece en los detalles del llamado que es muy rechazado por el límite de edad establecido para los perfiles profesiona­les que demandan. Además, existen requisitos que no con­cuerdan con los puestos ofre­cidos o que no tienen lógica, o algunas exigencias como­dines o de relleno como es el retirado ítems de “buen rela­cionamiento interpersonal”.

Lo que pintaba una gran iniciativa laboral se desin­fló con las denuncias de los interesados y todo apunta a que la masiva contratación en apuro es muy vulnerable para la infiltración de reco­mendados y adherentes de la administración saliente. A todo esto, cabe reiterar que el denunciado por acoso labo­ral y sexual, actual director de Responsabilidad Social de Itaipú, Gerardo Soria, está en fuerte campaña de difusión del llamado en sus redes socia­les y actuando como fuente de consulta de medios de comu­nicación sobre el tema.

El político, según se ve en sus redes sociales, asume casi la función de un agente de empleo, por cierto, generoso con los cupos a ser financiados con el dinero del pueblo, como en puridad son los recursos de Itaipú. Sin embargo, lo que se está promocionando como la gran oportunidad laboral puede resultar una verdadera desilusión con el oscuro obje­tivo clientelista que puede haber detrás y esta situación incluso ya ha desatado opinio­nes por parte de los mismos interesados de que se debe fre­nar la millonaria contratación para mejor evaluación y que la próxima administración defina el tema.

Gerardo Soria fue denunciado por supuesto acoso laboral, dis­criminación y maltrato hacia una funcionaria. La denuncia en todo momento fue manejada con un sigilo cómplice tras la aper­tura de un sumario administrativo.

Sin embargo, tiempo después la binacional emitió un comuni­cado mediante el cual admite que prefirió “cajonear” una denun­cia por acoso laboral y sexual en contra de Soria y tratarlo de forma interna, alegando que no había suficientes elementos probatorios para realizar el traslado a la Fiscalía. De esta forma, Gerardo Soria, conocido como “jefe de escritorio”, fue salvado de una investigación por parte de la Fiscalía.

La actuación de Itaipú ha sido muy cuestionada dado que blan­queó a un alto funcionario sobre el cual pesaba una denuncia que ameritaba la intervención del Ministerio Público.

La Comisión de Legislación del Senado recomendó la aprobación con modificaciones del citado proyecto dirigido a todas las personas con discapacidad, ya sea, físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada.

Una de las modificaciones propuestas es quelas personas con discapacidad recibirán una pensión mensual de hasta el 25% del salario mínimo legal vigente. Para ser beneficiario según lo planteado en el proyecto se debe tener nacionalidad paraguaya natural, contar con un grado de discapacidad moderada o grave.

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Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconsejó aprobar con modificaciones, de tal modo, a volver más clara la situación con relación a la población objetiva y hacerlo de manera gradual.

Sin embargo, se expuso otro dictamen por el rechazo que se fundamenta debido a la dificultad financiera que representa la aprobación del proyecto.

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Durante el desarrollo de este tema, varios legisladores manifestaron su conformidad con el proyecto. En tanto que, el senador Basilio Núñez, señaló que la iniciativa no tiene la certeza de cuántas personas están con cierto grado de discapacidad y planteó la posibilidad de trabajar en un proyecto de Ley que beneficie a personas con discapacidad severa.

El proyecto fue rechazado y se remite nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.

Próximamente, se dará a conocer este proceso a través de la página web del Ministerio de Salud, para la postulación de los interesados. Estará dirigido a profesionales que buscan acceder al primer empleo en el área de salud.

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Conforme avanzan las obras del Gran Hospital del Sur y del Hospital General de Coronel Oviedo, la cartera sanitaria trabaja en la planificación del equipamiento integral y la contratación de recursos humanos según la cartera de servicios que se ofrecerá en cada uno de estos centros asistenciales.

Al igual que el personal médico, administrativo y de apoyo, se efectuó el cálculo de dotación de recursos humanos de enfermería necesarios, que serán aproximadamente unos 1.200, según técnicos de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud y la Dirección de Enfermería.

Como política institucional, los ingresos del personal a los próximos hospitales de Coronel Oviedo y del Sur se harán por concurso.

Pese a que la Justicia confirmó el pedido de desalojo del IPS contra ocupantes irregulares de un inmueble, el exgerente de la institución, Pedro Halley, presentó una acción de inconstitucionalidad para alargar su estadía en la vivienda en la que se encuentra desde hace años sin pagar por el alquiler correspondiente.

Al respecto, el Dr. José González, director Jurídico del IPS, señaló que con esta acción de Halley, lo que busca es alargar el conflicto judicial para continuar en la vivienda. “Con este nuevo escrito que presenta se nota que no está con ánimos de salir y buscar dilatar su salida del inmueble”, sostuvo en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

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“Es una vergüenza esto, porque nosotros necesitamos recaudar y que ingresen las rentas”, agregó González.

La propiedad de la previsional se encuentra situada en el barrio Santo Domingo, de Asunción. “El inmueble está muy bien ubicado y le daría un muy buen ingreso a la institución”, acotó el director jurídico.